Apenas unas horas después de la celebración de las elecciones generales, el Banco de España hizo pública ayer la intervención del Banco de Valencia, que se suma a los casos de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Cajastur y Caja Mediterráneo.
Una decisión avanzada por ABC el pasado viernes que supone la inyección de 3.000 millones de euros de dinero público. Mil millones corresponden a una suscripción de capital. El resto irá destinado a una línea de crédito para asegurar la liquidez del banco ante una posible fuga de depósitos, después de que haya sido incapaz de hallar una fórmula para subsanar sus deficiencias en materia de solvencia y saneamiento.
La inspección del Banco de España ha determinado que las necesidades de la entidad valenciana para cumplir con los requisitos de capital excedían con creces el agujero que, inicialmente, se había cifrado en una horquilla de entre seiscientos y ochocientos millones de euros.
En paralelo, José Luis Olivas decidió dimitir de sus cargos como vicepresidente de Bankia y del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), accionista de referencia del Banco de Valencia con un 27,9% de los títulos y que en las últimas semanas inyectó liquidez a la entidad intervenida, pero resultó insuficiente. Olivas —que no percibirá indemnización— dimitió como presidente del Banco de Valencia el 28 de octubre, antes de que trascendieran sus necesidades de capital.
Esa decisión fue el detonante de la ruptura de relaciones entre Olivas y el presidente de Bankia, Rodrigo Rato. La vacante en la vicepresidencia ejecutiva de Bankia podría abrir un nuevo frente. En medios financieros se especula con la posibilidad de que el ex ministro Juan Costa fuera el elegido. Una opción que no cuenta con el visto bueno del Gobierno valenciano y del empresariado, que aboga por mantener el peso de la región en la entidad.
Al día siguiente
del triunfo de Rajoy ya se solventaron dos aspectos cruciales para el futuro del sector financiero español, en el que el PP no quiere demoras. Sin solución de continuidad debe resolverse en próximas fechas la crisis de la CAM.
En este contexto, el organismo regulador acordó ayer sustituir a los gestores del Banco de Valencia por los administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) —José Manuel Oliver, Margarita Reyes y Fernando Viladomat—.
Un esquema similar al empleado en Caja Mediterráneo. En esta ocasión se trata del primer banco intervenido en España desde que estalló la crisis financiera. La institución que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez subrayó ayer el peso de Bankia —una entidad resultante de la fusión de cajas— en el Banco de Valencia, cuya aportación al sistema bancario español se sitúa en el 0,74 por ciento de los activos. La entidad aglutina el 70% de su negocio en la Comunidad Valenciana y Murcia.
Ayer, el consejo de administración del Banco de Valencia solicitó la intervención del FROB después de que constatara la imposibilidad de hallar fórmulas de financiación a través de una ampliación de capital.
Su elevada exposición al sector inmobiliario y una morosidad superior a la media han lastrado el balance del Banco de Valencia. Ayer, por segunda vez en dos semanas, la CNMV acordó suspender su cotización.
Durante el presente ejercicio la capitalización bursátil del Banco de Valencia se ha depreciado un 80%, la mayor caída del parqué español junto a las cuotas participativas de su vecina Caja Mediterráneo. Al igual que sucedió el pasado mes de julio con la entidad alicantina, el FROB tomará las riendas del banco con el objetivo de «sanearlo y recapitalizarlo».
Posteriormente, el Banco de España sacará a subasta la entidad mediante un «proceso competitivo». El organismo supervisor lanzó ayer un mensaje de «tranquilidad» a los depositantes y acreedores del Banco de Valencia que, según sostuvo el Banco de España, «podrá seguir operando con normalidad y cumplirá con todas sus obligaciones frente a terceros».
