En la banca española ha sucedido lo que hace un par de años era impensable, producto de una crisis económica que ha batido todas las previsiones respecto a alcance y duración. En julio de 2010, con Isidro Fainé (La Caixa) como jefe de la patronal CECA, se reforma la ley de cajas (LORCA) y se permite su transformación en bancos para facilitar su acceso al capital. A partir de ahí, avalancha de fusiones, salidas a Bolsa y nacionalizaciones.
La clase política, que desde el minuto uno del proceso mostró sus reticencias a las fusiones interregionales, ha visto cómo muchos de los grupos representativos de varias comunidades se han diluido dentro de otros de nueva creación. Gran parte de las cajas son ahora simples accionistas de bancos como BMN o Bankia, muchas con participaciones minoritarias. En algunos casos, sus funciones se limitan a la gestión de una obra social que languidece.
Los políticos disfrutan ahora de mucho menos poder e influencia en unas cajas de ahorros más profesionalizadas, que se deben a los accionistas y que cuentan con una personalidad jurídica que frena las injerencias en su gestión. Este giro -de 45 se ha pasado a 15 cajas- ha castigado más a unas regiones que a otras: mientras País Vasco mantiene sus marcas “casi incorruptas”, la “soberanía financiera” de Castilla la Mancha forma parte de la historia.
La región que preside la “popular” María Dolores de Cospedal padeció la quiebra de CCM, propiedad de Cajastur en un 75% e integrada en el nuevo banco Liberbank, y la fusión de la pequeña Caja de Guadalajara con la más grande Cajasol. Todo lo contrario que las vascas BBK, Kutxa y Vital, que a partir del 31 de diciembre operarán como una en la estructura de un banco. BBK se impuso, además, en la subasta de la cordobesa Cajasur.
La otra Castilla tampoco puede presumir de haber salido bien parada. Caja Duero-España iba a ser el abanderado del sistema financiero castellano leonés, con un activo de 46.000 millones y subvencionada con 525 millones de dinero público del FROB. Al final, tendrá el 30% del nuevo grupo que resulte de la fusión con la malagueña Unicaja y solo cinco de los 15 consejeros. Braulio Medel, también de Unicaja, será el presidente ejecutivo.
Las pequeñas Caja Ávila y Caja Segovia tienen el 2,33% y el 2,01% de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), respectivamente, en tanto que este grupo, capitaneado por Caja Madrid con un 52,06%, controla el 50% de Bankia tras la salida a Bolsa. Así, la participación de las cajas castellanas en el banco cotizado se diluye al 1%. La de la entidad capitalina cae en igual proporción, aunque a su favor juega que pone y dispone en la gestión.
Rodrigo Rato, nombrado por Caja Madrid, es presidente de BFA y de Bankia. Y ejerce como tal. Bajo su mandato sustituyó a Aurelio Izquierdo (ex director general de Bancaja) por Francisco Verdú (ex Banca March) como máximo responsable ejecutivo del “primer banco de la nueva banca”. La siguiente víctima podría ser José Luis Olivas, presidente de Bancaja, que según el diario El País abandonará el consejo de Bankia en medio de la crisis de Banco de Valencia. Bancaja controla el 37,7% de BFA y la mitad de Bankia.
La crisis del sistema financiero valenciano, máximo exponente de los excesos del ladrillo, también se ha cobrado como víctima a CAM, intervenida por Banco de España con un déficit patrimonial de 2.800 millones de euros. El día 24 de noviembre se conocerá quien se hace con la entidad. Santander, BBVA, Sabadell y La Caixa son los favoritos. Así, la única entidad local que ha resistido el envite de la crisis es la pequeña Caixa Ontinyent.
Caja Burgos es el tercer accionista en importancia dentro del accionariado de Banca Cívica con el 11,78% del capital tras la salida a Bolsa, por debajo del 16,1% con el que cuentan Cajasol y Caja Navarra. Además, tiene un consejero menos que andaluces y navarros y los mismos que CajaCanarias (11,34%). La también burgalesa Caja Círculo tiene el 31% del grupo Caja3, superada por la aragonesa Caja Inmaculada de Aragón (44,5%).
