Se calcula que la Sociedad de Gestión de Activos ( ‘banco malo’ ), tendrá un balance de entre 40.000 y 60.000 millones de euros, por lo que se constituirá como una entidad de capital mediano por lo tanto, la complejidad de su puesta en marcha y su eventual gestión no es trivial.
Restoy justificó la cadencia con la que se está poniendo en marcha esta entidad, fundamental para avanzar en el proceso de recapitalización y reestructuración del sector financiero español, en su complejidad.
Se espera una rentabilidad razonable de esta nueva sociedad, que deberá estar en funcionamiento a principios de diciembre, porque el objetivo no es vender a cualquier precio los activos que las entidades nacionalizadas o recapitalizadas traspasen al ‘banco malo’, que serán valorados de una manera relativamente conservadora.
El descuento se aplicará a los activos sobre su valor en libros, habrá de ser lo suficientemente conservador y cauto como para que el instrumento resulte rentable a medio y largo plazo y atraiga la inversión privada.
Se habla de cálculo de flujos esperados en condiciones razonables futuras, haciendo alusión a que el ‘banco malo’ tendrá una vida de unos quince años para poder deshacerse de sus activos, lo que a su juicio da suficientes probabilidades de revalorización.
Es importante responder una pregunta clave, ¿cómo se conseguiría atraer la participación de las entidades sanas, que han expresado sus temores a que el ‘banco malo’ cause desequilibrios en el sector o que provoque una bajada de los precios de los activos inmobiliarios hasta niveles insostenibles?
La realidad es que tanto el fondo como el Banco de España deben tocar a rebato para que las entidades financieras que no necesitarán ayuda pública participen en el ‘banco malo’.
Una sociedad de gestión de activos tóxicos es una entidad que crea el Gobierno con financiación pública y/o privada, y que se encarga de comprar inmuebles y créditos problemáticos de bancos y cajas.
De esta forma, la entidades financieras se libran de ese problema, mejorando su balance y permitiéndoles focalizarse en su negocio. El «banco malo», por su parte, se da un plazo largo de tiempo —en el caso español, 15 años— para vender esos activos y recuperar el dinero con que los compró.
Las entidades que reciban ayudas tendrán que traspasar al «banco malo» los inmuebles que se adjudicaron por el impago de deudas y cuyo valor supere los 100.000 euros y los créditos a promotores que tengan en su cartera, tanto los que estén en situación de morosidad como los que estén al corriente de pago, siempre y cuando superen los 250.000 euros.
Algunos piensan que dar una mayoría de control del ‘banco malo’ a los privados supone asumir el riesgo de dar entrada a fondos especializados en hundir los precios. Al ‘banco malo’ irán, en primer término, los inmuebles adjudicados y los créditos a promotores de las entidades nacionalizadas.
En las condiciones del mercado actual, las valoraciones provocarán pérdidas en las entidades. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) destinará a este fin, entre otros, los recursos de la asistencia financiera europea.
